Viernes 23
de marzo de 2012
Dictadura: los roles de Ledesma, Ford, Mercedes Benz y Techint
Por Horacio Bustingorry I El
historiador analiza el rol de diferentes empresas durante los años de Terror.
El estado de las causas y su rol en la economía actual.
Desde
hace algunos años no es extraño referirse al último gobierno de facto como una
dictadura-cívico militar. El término se ha ido imponiendo en el lenguaje
periodístico, en las instituciones escolares e incluso en el sentido común de
la población. La consigna para la marcha del presente 24 de marzo será “los
grupos económicos también fueron la dictadura”, frase que incluye a los
empresarios en el sector civil compuesto también por jueces, sacerdotes,
políticos y medios de comunicación.
Existen
algunos casos emblemáticos de complicidad empresarial en la organización de la
represión. El ingenio azucarero Ledesma
de Jujuy proveyó de camiones al Ejército para el secuestro de sus trabajadores.
A mediados de 1976 en la denominada noche del apagón, la empresa cortó el
suministro de energía eléctrica para facilitar las operaciones y permitió que
dentro de la empresa funcionase el escuadrón 20 de gendarmería, constituido en
centro clandestino de detención.
En la
represión de la Ford también fueron
utilizados rodados provistos por la empresa. Los militares usaron camionetas
F-100 en los operativos e instalaron un centro clandestino de detención en la
fábrica donde personal de la empresa participó de los interrogatorios. En la Mercedes-Benz los trabajadores eran
secuestrados con listas negras proporcionados por los directivos. Las dos
automotrices tienen características similares: las victimas fueron trabajadores
delegados de sección o integrantes de la comisión interna.
Las
empresas Acindar y Siderca también instalaron centros
clandestinos de detención en sus predios. La primera, ubicada en Villa
Constitución y presidida por José Alfredo Martínez de Hoz impulsó la represión
en 1975 con el objetivo de desmembrar la dirección de la UOM local. En la
represión participaron distintas fuerzas de seguridad y sectores afines a José
López Rega. La empresa facilitó su helipuerto a la Policía Federal y permitió
que se instalase un cuartel en la fábrica donde funcionó un centro clandestino
de detención.
En la puerta de Siderca, perteneciente al Grupo
Techint, se instaló personal del Ejército con un listado de
obreros
“indeseables” proporcionados por la empresa. Los detenidos fueron alojados en
un centro clandestino en el Tiro Federal de Campana, contiguo a la fábrica, que
se comunicaba con el predio por una puerta. El mismo modus operandi fue
empleado en el astillero Astarsa. El
24 de marzo de 1976 fuerzas del Ejército acordonaron la entrada del predio con
tanques de guerra, carros de asalto y helicópteros e identificaron con
colaboración de la empresa a los trabajadores “rebeldes” para detenerlos y
llevarlos a la comisaría 1ª de Tigre.
(...)
La responsabilidad empresarial
Los
grupos económicos fueron la dictadura como también lo fueron las Fuerzas
Armadas. De la misma manera que el personal militar comprometido con la
represión está siendo juzgado, los empresarios que fueron cómplices deberán
pasar al banquillo de los acusados. Caiga quien caiga y sin importar si siguen
ejerciendo funciones empresariales en la actualidad.
Sin embargo, como dice Walsh, la violación más profunda a los Derechos Humanos de la dictadura fue su política económica. Sin un Estado que discipline al capital las empresas nunca cumplirán la función social que le atribuye la filosofía peronista. Por esa razón el gobierno, al igual que lo hizo con las Fuerzas Armadas, busca encuadrar a los empresarios para comprometerles en una política nacional. Sólo así los grupos económicos cumplirán un rol positivo para el conjunto de la población y no cometerán nunca más un genocidio social.
